Sin duda, otro de los puntos "fuertes" y más controvertidos de la Reforma Educativa es la llamada Autonomía de Gestión. ¿Pero qué es?.
Según la nueva ley, esta autonomía se establece en las escuelas para que tengan la libertad de administrar los propios recursos y no deslinda a los gobiernos federal y estatal de su responsabilidad de proveer de los recursos necesarios al sistema educativo. Estableciendo a su vez los mecanismos y lineamientos para que ambos sistemas (federal y estatal) destinen los recursos correspondientes a las escuelas públicas y éstas a su vez los administren con transparencia.
Las escuelas entonces, bajo el liderazgo del director y mediante un comité formado por maestros, padres de familia y alumnos buscarán la manera de gestionar dichos recursos para llevarlos a la escuela.
En un primer momento el gobierno federal destinará el recurso que irá, en un segundo momento al estado y este a su vez lo destinará a la Secretaría de Educación en cada estado, quien lo administrará y lo hará llegar a las escuelas que a su vez, gestionen el mencionado recurso.
Las secretarias locales, según la ley deberán usar los recursos obtenidos de manera tal que se inviertan en infraestructura, comprar materiales educativos y resolver problemas de operación básicos de manera eficiente (luz, agua, drenaje, servicio telefónico, internet, etc.)
De igual manera se siguen contemplando los consejos de participación social, que a decir de la ley que están orientados a emprender acciones tendientes a mejorar la calidad de la educación.
Esto es básicamente lo que dice la nueva ley, aunque en los hechos se ha evidenciado por parte de analistas, académicos y corrientes disidentes que la autonomía de gestión abre la puerta de par en par para la privatización de la educación ya que si bien el discurso oficial sobre dicha autonomía insiste en retomar la rectoría de la educación, observando cuidadosamente y de fondo lo que dice la ley, es exactamente lo contrario.
A decir de un artículo publicado en la revista electrónica Rebelión y que se titula "EL ABC de la Reforma Educativa", escrito por Arsinoé Orihuela:
"En la realidad la reforma entraña la renuncia casi total del Estado en el control-administración de la educación. El transitorio quinto, numeral 3, inciso A del artículo 73 constitucional establece: “Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos, y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta”.
En palabras un poco más entendibles lo que esta modificación al artículo 73 quiere decir es que se formaliza o legaliza el cobro de cuotas a los padres de familia (que ya es un modo de privatización); el Estado se deslinda gradualmente de sus tareas de sostenimiento y financiamiento de la educación, que es aquí donde la iniciativa privada ve la puerta para entrar de lleno en el sostenimiento y mantenimiento de las escuelas, con el consabido compromiso adquirido con el benefactor.
Y por ende se condena a las escuelas de las zonas rurales y marginales a sumirse aún más en el rezago que han padecido a lo largo de más de 50 años, rezago en infraestructura, en presupuesto y de instrucción.
"Un autonomía de gestión auténtica involucraría el financiamiento estatal de los centros escolares, delegando a éstos la facultad de administrar los recursos de acuerdo a las necesidades específicas de la escuela o comunidad".
A final de cuentas lo que se lee entre líneas en la reforma, es la renuncia del Estado en estos renglones particularmente: el abandono presupuestario de la educación pública como tal y cancela también por decreto la autogestión pedagógica en las escuelas ya que hasta ahora, la reforma no contempla nada en lo relativo al ámbito pedagógico.
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