Para entender un poco la fuerte resistencia que ha enfrentado esta reforma en particular, hay que tratar de dilucidar un poco lo que las leyes reglamentarias dicen.
Se habla de una evaluación a los profesores, que es donde el discurso del Gobierno se ha centrado, responsabilizando del fracaso educativo así, únicamente a los profesores; es cierto que la educación necesita ser evaluada y calificada constantemente ya que es esta la forma en que cualquier situación o proceso puede mejorar y algo que los maestros en lucha han dicho hasta el cansancio es que no se niegan a la evaluación.
Sin embargo, en estas nuevas leyes no se habla ni por error de calificar al sistema educativo mexicano, que incluye, además de los docentes y su preparación por supuesto, las metodologías didácticas, la administración de recursos educativos, las condiciones de infraestructura en las escuelas, los materiales y equipamiento con que cuenta la institución, cosa que por supuesto impacta en el nivel de aprovechamiento de los estudiantes; pero tampoco se habla de evaluar el accionar y el desempeño de autoridades educativas quienes son los responsables directos de la situación general de la educación en las distintas partes del país.
Para nuestros honorables legisladores resultó más fácil centrar el problema en la evaluación de los profesores, además de que otorgan a esta evaluación de un carácter que va más por el castigo que por el estímulo, además si sumamos a esto que el uso de las leyes en nuestro país es totalmente discrecional y más si se sabe que las mismas resultan sólo en mecanismos de control de los trabajadores más que en instrumentos de superación.
Habría que preguntarse profundamente y reflexionar el por qué los otros factores que son tan o más importantes para lograr un mediano éxito dentro del proceso educativo y la tan ansiada calidad (que nadie puede definir en que consiste), no son incluidos en estas leyes como sujetos de evaluación y constante mejora.
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