Otro de los puntos principales en contra de esta reforma es que no cuenta con un proyecto educativo bien definido, nada de lo que contiene en su letra, explica o vislumbra un horizonte al que se quiera llegar, hacia donde caminar en el terreno pedagógico y mucho menos como resolver los grandes problemas de este sector. No se ofrecen alternativas para acabar con el rezago y desigualdad educativas en que se encuentran alrededor de 30 millones de personas en el territorio nacional.
La verdad sea dicha, esta es una reforma laboral disfrazada de "educativa" cuyo objetivo principal no es avanzar y mejorar o lograr la "calidad" educativa; es más, no se plantea ni siquiera como terminar con la corrupción existente en el sindicato y en la misma Secretaria de Educación Pública. El objetivo real, que aflora a diez meses de distancia es arrebatarle el control del sistema educativo al sindicato por el Estado y ya encarrerados, que los maestros pierdan un derecho adquirido como la estabilidad en el empleo.
De otra manera no se explica el por que estas modificaciones a las leyes de educación ponen su centro de atención en los mecanismos de control del magisterio y no en su capacitación, estímulo o participación en el desarrollo de proyectos educativos.
Dice también que las escuelas deben funcionar bajo el mismo esquema que deben funcionar las empresas privadas. Según las "recomendaciones" que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), los profesores deben estar controlados, de modo tal que rindan cuentas a través de exámenes estandarizados (no evaluaciones), y cuyos resultados son la base ya sea para premiarlos con su permanencia en el empleo o en caso contrario castigarlos con el despido.
A decir de Emilio Chuayffet:
"México necesita con urgencia un sistema de evaluación docente basado en estándares (...) recompensar a los docentes excelentes o dar apoyo a los docentes de menor desempeño. Los docentes que presenten un bajo desempeño de forma permanente deben ser excluidos del sistema educativo".
Afirma también que se reconocerán los méritos de los maestros y asegurar que accedan a al servicio o promociones de acuerdo al esfuerzo y desmpeño profesionales" y que servirá para dar certidumbre y estabilidad en su promoción laboral. Dice además que habrá reglas claras, justas y transparentes que estimulen la profesionalización de los docentes, "asegurando y promoviendo sus derechos".
Pareciera que estas afirmaciones son falsas ya que lo que en realidad se está legalizando es la posibilidad de despedir maestros a diestra y siniestra, quienes ya cuenta con una plaza base que es un derecho adquirido, es decir, la permanencia en el empleo está en entredicho.
Mientras tanto las expresiones de descontento crecen día a día, los profesores no se tragan el cuento oficial que difunden mediante idílicas y millonarias campañas publicitarias y seguramente en los meses siguientes veremos ir escalando el conflicto.
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