Desde su etapa como candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto había prometido llevar a cabo diversas reformas de las llamadas estructurales, y por supuesto entre estas, figuraba la reforma en materia de energéticos, que comprende no sólo al petróleo y los hidrocarburos, sino también a la electricidad, pero curiosamente hasta la fecha no ha contemplado fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles.
Según el ahora presidente, con dicha reforma pretende bajar los costos de producción tanto de la energía eléctrica como de los hidrocarburos y por lo tanto las tarifas al consumidor final, además de tanta bonanza, también se presentó como discurso de presentación de la reforma que:
Los hidrocarburos seguirían siendo propiedad de la Nación.
Transformar a Pemex en una empresa pública de carácter productivo, propiedad del Estado con la capacidad de competir en la industria para convertirse en una empresa de clase mundial, además se le dotaría de reglas de gobierno corporativo y de transparencia.
Multiplicar la exploración y producción de hidrocarburos.
Competencia en los procesos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos.
Fortalecer a la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Convertir a Pemex en el motor de una cadena de proveedores nacionales y en la producción nacional de fertilizantes.
Establecimiento de una estrategia que desarrolle energías renovables y ahorre energía.
Curiosamente para la presentación de esta reforma que aunque fue gestada en el seno del llamado pacto por México, cada partido presentaria su propio proyecto de reforma y partiendo de ahí, se lograrían los acuerdos necesarios para llevarla a cabo.
La propuesta de reforma constitucional del Partido Acción Nacional presentada el permitiría que existiesen contratos y concesiones para la explotación del petróleo y los carburos de hidrógenos sólidos, líquidos o gaseosos; de igual modo propone que la CFE y Pemex dejen de ser monopolios y sean empresas dominantes dentro de un mercado con más competidores, propone la creación de un Fondo Mexicano del Petróleo que administraría la renta petrolera y buscaría su máximo beneficio y que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional de Energía sean organismos autónomos.
La propuesta de reforma del Partido de la Revolución Democrática, no representa una reforma constitucional, si no solo de leyes secundarias y promueve el cambio de régimen fiscal de PEMEX; la autonomía presupuesta y de gestión de CFE y PEMEX; el fortalecimiento de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; el ordenamiento de tarifas, precios y subsidios de los combustibles y la electricidad; convertir al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros en un organismo financiero; establecer una visión tecnológica para el Instituto Mexicano del Petróleo; y la implementación de una transición energética que sustituya energías fósiles por energías limpias.
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