La reforma constitucional federal del
14 de Agosto de 2001 modificó los artículos 1º, 2º, 4º, 18 y 115. Fue un paso
muy importante para avanzar en la construcción de una nueva relación entre el
Estado, los pueblos indígenas y la sociedad.
El artículo 2º se refiere a los derechos de pueblos y
comunidades indígenas en el apartado A y a las obligaciones de la Federación,
los Estados y los Municipios para con ellos en el apartado B. Además, reconoce
la composición pluricultural de la nación, se contempla la definición legal de
pueblo y comunidad indígena, la libre determinación y autonomía y se señalan
los derechos indígenas que pueden ejercerse en el marco de la Constitución y
las leyes con respeto al pacto federal y la soberanía de los estados.
A pesar de sus avances, esta reforma se considera insuficiente.
Es necesario continuar trabajando para que se reconozca a los pueblos y
comunidades indígenas como sujetos de derecho, con personalidad jurídica, con
derechos territoriales y representación política. Es importante tener en cuenta
que en México las normas jurídicas que reconocen derechos específicos a los
indígenas, no siempre se hacen efectivas y tampoco se observan en los
procedimientos judiciales. Los factores que provocan este problema son
diversos: van desde el desconocimiento de su existencia o contenido, a la
velada discriminación, pasando, en ocasiones por la falta de normas de
procedimiento para asegurar su observancia.
La falta de respeto a las garantías individuales y sociales y a
los derechos de los indígenas no sólo son factores que producen injusticia para
individuos y grupos, también constituyen un severo obstáculo para su desarrollo
integral y sustentable, el cual no podrá darse sin seguridad y certeza
jurídica.
Este documento presenta un diagnóstico de la situación de los
derechos indígenas a partir de la reforma del 2001; la forma en que el Estado
ha asumido el enfoque de la pluriculturalidad, el nivel de cumplimiento y el
alcance del mandato Constitucional en las legislaturas de los estados para
reconocer a los pueblos y comunidades indígenas en su legislación y la acción
institucional de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas en el tema de vigencia de derechos indígenas.
Tiene la pretensión de servir como instrumento de información
jurídica y de propuestas para los servidores públicos de la Administración
Pública, del Poder Legislativo y de la Administración de Justicia, en el ámbito
federal y local para conocer el reconocimiento y la vigencia de los derechos
indígenas, así como algunas propuestas para implementar medidas que garanticen
el ejercicio de los derechos indígenas en el país.
Asimismo, este documento se plantea como un material de consulta
para los miembros de pueblos y comunidades indígenas, para los estudiosos del
pluralismo jurídico y cultural y para la sociedad interesada en el tema.
En el primer apartado se presenta el tema de vigencia de
derechos como parte de las actividades de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
El segundo apartado se enfoca al ámbito internacional de los
derechos humanos para contextualizar la adopción de diversos ordenamientos
internacionales en la legislación interna de nuestro país.
Se abordan en el tercer apartado, los derechos de los pueblos
indígenas reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), así como algunos temas pendientes de discusión por las instancias
competentes.
En el cuarto apartado se presentan los avances legislativos en
la legislación federal y se hace una recopilación de la legislación, que plasma
los derechos en materia indígena en este ámbito. Además, se agrega un análisis
sobre la legislación federal vigente y se proponen temas para el desarrollo
legislativo.
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