Una gavilla de bandoleros bien organizada que con el transcurso de los años fue creciendo hasta alcanzar proporciones de más de 100 hombres, fue la dirigida por Eustaquio y Francisco Arias, entre 1831-1835, en el Bajío Michoacano.
Entre los ilícitos que cometían, figuran los asaltos en caminos, contrabando de tabaco, hasta realizar robos, incendios y asaltos en poblados, entre los que destacan el que estremeció toda la región de tierra caliente, sobré todo, a la de la población de Apatzingán.
Fue el día 14 de enero de 1835, cuando el Ayuntamiento de Apatzingán, sesionando los ciudadanos Agapito Murillo, Felipe Lázaro, Antonio López, Marcos Molina, Cayetano Carbajal, José María Rosales, Lucas Ramírez, José Menocal Torres, José Ma. Fernández, Domingo Castrejón y Román Carrillo que fungía como Secretario, dirigieron al gobierno del estado, un documento para exponer los acontecimientos vandálicos que estremecieron la población de Apatzingán, en los que los gavilleros.
Todas las tiendas y casas principales de este lugar fueron objeto de robos, sin perdonar ni aun los intereses del Estado, mucho menos los de la iglesia, cuando ni los vasos sagrados respetaron, sin perdonar al débil sexo. La cárcel fue violentada y dejaron en libertad a asesinos y ladrones. “todo esto a las once del día”.
La incursión de los Arias en la tierra caliente, al incendiar y saquear la población de Apatzingán, generó una situación alarmante en esta misma región, La banda de los Arias dislocó el sur de Michoacán, originando reuniones de vecinos de las poblaciones de Tacámbaro y Uruapan, que se prepararan para la defensa de la población,los motivo de los sucesos de Apatzingán en 1835, obligo a los Ayuntamientos de Tarétan y Uruapan,a que se dirigieran al Congreso del Estado, exigiendo una pronta solución al problema del bandolerismo.
Antonio Ceballos, gobernador en turno, ante la inseguridad que se había apoderado de la entidad de bandolerismo, que infestaban los caminos y por si fuera poco, en circunstancias de su gobierno, “sin tropa, sin ramos, sin prestigio y sin arbitrios ningunos”, solicito al Congreso del Estado “dictar una medida extraordinaria con la que se logre el castigo de los ladrones”. Así, el Congreso expidió a fines de 1835 una nueva ley para perseguir ladrones, con la novedad de introducir el sistema de jurados para desarrollar su proceso judicial.
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