Problemas Sociales en México 5

Falta de inversión, falta de crédito y falta de política económica

 

Como en el caso de otros países en desarrollo, México requiere de una tasa de inversión respecto a la producción nacional de cuando menos 25% anual en términos reales y de manera sostenida para alcanzar tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), a su vez, altas y sostenidas en el largo plazo, según estimaciones de organismos internacionales. Con ello, la economía podría aumentar significativamente la generación anual de empleos y, en consecuencia, la proporción de los salarios en el valor agregado, es decir, reducir la concentración del ingreso. En ninguno de los últimos 25 años la proporción de la inversión entendida como formación bruta de capital fijo ha alcanzado esa meta respecto al pib, aun considerando la inversión extranjera.

 

Desde la primera parte de los años ochenta, el Estado ha reducido de manera significativa su participación en la inversión total como resultado de la orientación ortodoxa de la política económica, que concibe la inversión pública como factor de desplazamiento de la inversión privada y que además considera a la burocracia paraestatal como esencialmente corrupta, ineficiente e incapaz de ser regulada. Por estas dos razones, se hacía indispensable –en esta lógica– la privatización de las empresas estatales rentables y la liquidación de las no rentables. La nueva inversión pública estaría limitada, además, por razones presupuestarias.

En estos casi 30 años de política ortodoxa, la inversión privada nacional no ha podido llenar el hueco de la inversión pública y el Estado ha tenido que revertir algunas de las privatizaciones debido a problemas de rentabilidad, derivados de una deficiente administración en manos privadas. Tales fueron los casos de la mayor parte de las carreteras nacionales de cuota, las líneas áreas nacionales y –un caso muy especial– los bancos.

 

La nacionalización de la banca mexicana decretada en 1982 por el gobierno de López Portillo, como medida última para frenar la fuga de divisas, no ocasionó ninguna catástrofe financiera como auguraban sus críticos. En contraste, la reprivatización de la banca ocurrida años más tarde bajo el gobierno de Carlos Salinas puso al sistema bancario mexicano en manos inexpertas y lo volvió altamente vulnerable. Aunado a ello, la apertura financiera acelerada provocó el ingreso de grandes cantidades de capital especulativo externo. Además, la sobrevaluación de la moneda hizo aún más vulnerable al sistema financiero.

En esas condiciones, la primera crisis de divisas del gobierno de Zedillo, ocasionada por el mal manejo de una decisión cambiaria, implicó la quiebra real del sistema bancario mexicano y de sus deudores. El rescate bancario y la política astringente del crédito interno, seguidos desde entonces, han impedido que haya crédito barato y oportuno para financiar actividades productivas de todo tipo, especialmente en el campo. El sistema bancario, hoy en manos extranjeras, es esencialmente rentista y especulador.

Asimismo, tanto la crisis de 94-95 como la apertura financiera anterior a ella han provocado que haya permanentemente capital mexicano en el extranjero por una cantidad más o menos equivalente a la deuda pública externa, en tanto que el ingreso neto de divisas al país que registran las reservas internacionales se inmoviliza, para evitar la ampliación del circulante y crear un blindaje preventivo de otra crisis como las de 76, 81 y 94, todas por fugas masivas de capitales.

El elemento crucial que explica la baja inversión productiva no es, sin embargo, la falta de crédito, sino la ausencia de una política industrial y agropecuaria activa por parte del Estado. Esta ausencia obedece sin duda a una concepción neoliberal de la economía. Dicha concepción se concreta en la reducción indiscriminada del gasto público, tanto corriente como de inversión; en la total ausencia de políticas comerciales, y en la falta de definición y aplicación clara de reglas de la participación de la inversión extranjera con una orientación a la integración económica y el desarrollo. Ello es lo que en realidad provoca la falta de incentivos a la inversión privada nacional.

 

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