Protestas de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
1. Nuevas reglas para la
asignación de plazas. La ley establece que las nuevas plazas docentes para
educación pública básica (preescolar, primaria y secundaria) y media superior
(bachillerato) serán asignadas sólo por concursos de oposición, que de
preferencia serán anuales. Actualmente, los gobiernos estatales en automático
entregan plazas a egresados de las escuelas normales o éstas incluso son
vendidas por otros profesores, una práctica ilegal.
2. Se amplía el perfil de
aspirantes. En los primeros dos años a partir que la ley sea vigente, los
concursos de oposición serán exclusivamente para egresados de las escuelas
normales. Pasado ese periodo, podrá concursar por una plaza cualquier persona
que cumpla con el perfil que definan las autoridades educativas. Los
legisladores que votaron a favor de la propuesta afirman que esto fortalecerá
el sistema educativo, porque permitirá que den clases los ciudadanos mejor
calificados independientemente de si estudiaron o no en una Escuela Normal. En
cambio, la CNTE se declara en contra de la medida argumentando que disminuirá
las posibilidades de que los normalistas encuentren trabajo.
3. Evaluación obligatoria. El
punto clave de la nueva ley consiste en obligar a los profesores, directores de
escuela, asesores y supervisores a someterse a evaluaciones periódicas, de
cuyos resultados dependerá que permanezcan o no en el cargo. Las evaluaciones
serán diseñadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE), autónomo del gobierno, y serán aplicadas por las secretarías de
Educación de los estados. El personal educativo tendrá hasta tres oportunidades
para aprobar los exámenes, en un lapso de dos años en los que las autoridades
deberán ofrecer programas de regularización, o de lo contrario enfrentará el
cese o una reasignación.
4. Sanciones para los
reprobados. Los profesores de nuevo ingreso —aquellos que sean contratados
después de que la ley entre en vigor— y reprueben las tres evaluaciones serán
castigados con la pérdida de su plaza. En cambio, los docentes que actualmente
están en activo serán removidos de los salones de clase pero no serán
despedidos, sino que se les reasignará en otra área del servicio público (en
tareas administrativas, por ejemplo) o las autoridades los exhortarán a
jubilarse. Este es el tema que más molestia ha causado entre los integrantes de la
CNTE, quienes consideran que esas medidas atentan contra sus derechos laborales porque
les harán perder estabilidad en el empleo. Los líderes de la coordinadora
afirman que no se oponen a la evaluación, sino a que ésta implique
castigos.
5. Los resultados de la
evaluación. El INEE será el responsable de hacer públicos los resultados de
las evaluaciones magisteriales, aunque en ellos no podrá revelar las
calificaciones de cada profesor, que serán consideradas datos personales. En
lugar de eso, únicamente dará a conocer los resultados por escuela o por
entidad. En el Senado, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) propuso que
se transparentaran todas las calificaciones —argumentando que no hacerlo
impediría que un padre de familia supiera cuál es el desempeño del profesor que
da clases a sus hijos—, pero el planteamiento fue rechazado por el gobernante
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por el Partido de la Revolución
Democrática (PRD).
6. Castigos para faltistas. La
ley también establece que el personal docente que, sin justificación, falte al
trabajo más de tres días en un periodo de un mes será dado de baja. Según los
impulsores de la medida, con ello se busca garantizar que habrá continuidad en
las clases. Los profesores que reciban este u otro tipo de sanción podrán
apelar ante los tribunales laborales.
7. Límites a los comisionados
sindicales. Los profesores que acepten un cargo o comisión en su sindicato
deberán recibir su sueldo de parte de la agrupación gremial, no del Estado. El
objetivo de esto es limitar el aumento de los comisionados sindicales, es
decir, de los docentes que realizan tareas para su organización pero siguen
cobrando como si dieran clases.
